Celebramos este
Primero de Mayo en el marco de la mayor agresión a la clase trabajadora y a la
humanidad desde la II Guerra Mundial. La crisis –fraude- que han generado los
especuladores internacionales –esos que algunos llaman los mercados- le está
sirviendo al capitalismo como excusa para desmantelar el débil Estado del Bienestar
conseguido con años de lucha. En España el gobierno del PP sigue la estela del
PSOE y aplica las políticas de ajuste y recortes dictadas por las instituciones
financieras internacionales y los oráculos del “dios mercado” que, por más
medidas que se aplican, buscan una vuelta de tuerca que apriete la, ya de por
si, difícil y dramática situación de la población.
Para que el
capitalismo siga con el nivel de beneficios insultante de la etapa de bonanza,
en esta crisis -según los gurús de la economía neoliberal- tiene que realizarse
la reducción de salarios. Los gobiernos al dictado de la doctrina ideológica
neocon están aplicando las reformas necesarias para ello: en España la recién
aprobada reforma laboral.
Con la
modificación por decreto del marco de las relaciones laborales, además de bajar
los salarios, se reduce la negociación colectiva, se retrocede en la lucha por
la igualdad de la mujer en el trabajo y se retrotrae a situaciones de los
tiempos oscuros de nuestra historia reciente en los que se situaba a la mujer
en la casa y “con la pata quebrada”.
El aumento de la
precariedad empeora las condiciones de trabajo, aumenta los accidentes y genera
la competencia entre los trabajadores. Facilitando el despido se potenciará el
ejército de reserva de parados, y da un poder al empresario que no hubiera
soñado ni en los tiempos del franquismo.
Ante el aumento
de la contestación social, el gobierno del Mariano Rajoy va a modificar el
código penal hacia medidas de corte fascista. En estos momentos de aguda crisis
social y económica, el gobierno del PP da una nueva vuelta de tuerca a las
políticas represivas criminalizando la protesta social y la disidencia, a cuyo
efecto endurece el código penal a golpe de titular periodístico. Así el
gobierno pretende tipificar como delitos de terrorismo los incidentes
ocasionados en manifestaciones, teniendo como única prueba de tales hechos las
meras declaraciones de agentes policiales, estableciendo un mínimo de 2 años de
cárcel para estos nuevos delitos. Equiparar la legítima protesta social a “kale
borroca” o guerrilla urbana, como ha dicho el ministro de interior, pone de
manifiesto no sólo el autoritarismo de este gobierno, sino su clara voluntad de
impedir a cualquier precio la protesta social, incluso llenando las cárceles de
manifestantes.
En este contexto
el gobierno del PP ha aprobado los presupuestos más regresivos de nuestra
historia democrática, con el único apoyo de UPN y Foro Asturias, los
presupuestos que han comenzado el desmantelamiento económico, social y democrático
de la sociedad española. Y estos presupuestos se presentan cuando el 22% de los
hogares español viven por debajo del umbral de la pobreza y 5.270.000 personas
están desempleadas en España. Aumenta la brecha social hasta límites que ya son
insostenibles humanamente empobreciendo a la población para conseguir su
sumisión.
Estos
presupuestos son injustos porque dedican a gasto social un 4,3% menos que en
2011.El gasto en protección del desempleo desciende un 5,5%, pese a que el
mismo Gobierno reconoce un importante aumento del paro. Hay un 21,9% menos para
educación y un 15,1% menos para cultura. Sin embargo, a la Iglesia Católica no
se le recorta nada y a la Casa Real sólo un 2%. El recorte en sanidad y
educación pone el peligro la calidad la enseñanza y de una sanidad universal
modelo en Europa. Estas medidas abren el camino a la privatización, por una
parte, y a la restricción de acceso a las mismas en función del nivel de renta.
Al cierre de esta
edición de Mundo Obrero los sindicatos de clase han convocado movilizaciones el
29 de abril y el 1 de mayo en defensa de la sanidad y la educación ante el
ataque de las políticas neocon de Rajoy. El problema es que una parte muy
importante de la población ha asumido que los recortes son necesarios y, en esto
juegan un papel importante los medios de comunicación del sistema.
Desde el PCE no
nos resignamos a estas políticas, no nos resignamos a que no existan
alternativas a las políticas neocon y fascistas del PP y de las instituciones
europeas que han fracaso en otros países, como se ha demostrado en
Latinoamérica. Por ello planteamos la necesidad de conseguir la máxima Unidad
Social y Política en torno a una Alternativa Anticapitalista Social y
Democrática con los objetivos del Pleno Empleo, para lo que es fundamental la
apuesta por el empleo público, la universalización de los derechos sociales
exigibles por ley, el desarrollo de los servicios públicos, la Banca pública,
participación de los trabajadores/as en la planificación de la economía y en el
control de las empresas. También es imprescindible una reforma fiscal que
busque dinero para financiar la salida social de la crisis y lo busque donde
realmente está, en manos de la Banca y de los grandes capitales, que persiga el
fraude fiscal y la economía sumergida. Y no puede faltar la apuesta por la
defensa de un modelo de desarrollo sustentado en la sostenibilidad ambiental
que parta del cambio de la política energética y las reformas legales para
frenar la corrupción, acabar con los paraísos fiscales y regenerar la vida
política y empresarial.
Hay alternativas.
Las políticas de ajuste no han solucionado nada en ningún país donde se han
aplicado. Grecia es un ejemplo. Se encuentra en una profunda crisis por la
aplicación de las políticas de consolidación fiscal. IU ha planteado que hay
salida para la crisis y ha aportado propuestas en positivo para hacerlo en
beneficio de la mayoría social de este país.
El neoliberalismo
es persistente, así se sumó al discurso de la rebaja fiscal hasta la
socialdemocracia, convirtiéndose en social-liberales, que de la necesidad de
bajar impuestos de la derecha para que, según sus argumentos, se produzcan
inversiones al moverse el capital o aquello de que bajar los impuestos es de
izquierdas. Así se fueron dejando de generar ingresos para cubrir las
necesidades sociales, a costa de favorecer al capital y a los que más tienen.
Ese déficit de ingresos se suplió con la petición de dinero a los prestamistas
internacionales, dinero que ahora pagamos con sufrimiento y con la pérdida de derechos,
de los que no generamos la crisis.
La salida a la
crisis pasa por una mayor justicia fiscal hacia la media de la Unión Europea.
Con esta medida hay recursos suficientes para crear empleo, impulsar la
economía real y, con ello, reducir el déficit. Con una lucha firme contra el
fraude fiscal y la economía sumergida, los cambios legales necesarios, habría
ingresos para mejorar la educación y la sanidad públicas y atender la Ley de
Dependencia. Con emerger los trabajos sin contrato y exigir la igualdad de
salarios entre hombres y mujeres, además de ser de justicia, permitiría sanear
la Seguridad Social y mejorar las pensiones. Con políticas de apoyo a la
generación de empleo desde lo público es posible crear cientos de miles de
empleos verdes y sociales así como de interés estratégico. Con la creación de
una Banca Pública, a partir de la nacionalización de las Cajas de Ahorro que
han sido entregadas al capital financiero, sería posible que el crédito fluyera
hacia las pequeñas empresas y las familias.
Pero no nos
podemos quedar solo en estas propuestas, hay que abordar también las medidas
necesarias para crear un nuevo modelo productivo, que incluya más democracia en
la sociedad y en la empresa, un sector público poderoso y el apoyo a la
economía social, una apuesta por el desarrollo sostenible y el pleno empleo de
calidad, la mejora de la educación, el esfuerzo a favor de la I+D+i civil, y un
cambio progresista en las relaciones laborales.
Para ello, desde
el PCE, apostamos por un proceso de Convocatoria Social que construya el Bloque
Social Alternativo para erigir una salida social a la crisis.
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