De mes en mes/septiembre 2017
Mundo Obrero
Este artículo fue redactado el 19 de septiembre de 2017, destinado a la edición impresa del mensual de Mundo Obrero
Vivimos un conflicto político e institucional entre el gobierno del Estado (PP con el apoyo de C´s y con algún matiz el PSOE) y el gobierno de la Generalitat (JxSI y ERC, apoyado por las CUP), un conflicto que adquiere su crudeza por el encaje territorial de Cataluña en España. Un conflicto cuya solución no cabe en el actual marco jurídico y constitucional y que tiene que tener el diálogo y la negociación como base fundamental para su solución.
La actual situación de polarización entre el nacionalismo españolista y el independentista catalán con declaraciones altisonantes y enfrentamiento social quiere situar el marco político entre estas dos posiciones. Esta visión está distorsionada pues hay más posiciones en el debate como es la federalista, a la que atacan y que no quieren que se visualice en el debate.
Ante todo esto, hay que recordar que el PCE lanzó en 2009 la consigna de trabajar para un proceso constituyente como expresión de la revolución democrática que necesitamos. Partíamos del análisis de que dentro del Régimen del 78 era imposible una salida de la crisis que no fuera favorable a las clases dominantes, y analizamos que la realidad del capitalismo en España se constata por los millones de personas sin trabajo, la precariedad laboral, la reducción de salarios, la exclusión social, con millones de personas en la pobreza o en el umbral de la pobreza, las miles de familias expulsadas de sus casas, el desmantelamiento de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad social y la eliminación o el retroceso de los derechos laborales, sociales y políticos.
Añadíamos que para poder construir un nuevo país tenemos que romper con dos corsés: la UE y el euro, y el Régimen del 78. Recuperar la soberanía y realizar la ruptura democrática con los marcos que impiden cualquier proceso de transformación social al servicio de los trabajadores y trabajadoras y el pueblo. Frente a restauración borbónica, decíamos, ruptura democrática republicana. Frente a regeneración, revolución democrática.
Tras el análisis llegamos a dos conclusiones. Por un lado, tenemos que dar prioridad absoluta a la lucha social, conseguir que las políticas antisociales y autoritarias tengan una respuesta en la calle, que el sistema no consiga imponer una paz social. Y por otro, es que desde la movilización y sobre acuerdos programáticos tenemos que construir la unidad popular y un programa sobre el que se forjen las alianzas políticas y sociales que permitan aglutinar un bloque que realice la revolución democrática y construya un nuevo país en torno a tres pilares básicos: soberanía, derechos y trabajo garantizado.
Por lo tanto, planteamos un proceso constituyente que suponga una ruptura con la situación económica, social e institucional que ha sustentado al sistema monárquico desde 1978 y que nos lleve a una nueva Constitución desde la democracia participativa; planteamos la necesidad de conseguir una respuesta conjunta de las fuerzas sociales, políticas, sindicales y ciudadanas que consideramos necesario superar el agotado y carcomido Régimen del 78, como paso imprescindible para construir un nuevo modelo de sociedad, más justa, igualitaria, democrática y social, y hacerlo desde un marco institucional en el que los pueblos puedan tener el derecho a determinar su futuro en libertad, con una democracia, que entregue el poder real a la ciudadanía, que ponga en valor la vida de las personas, que permita poner la economía y los recursos del Estado al servicio de la mayoría que ha sufrido las consecuencias de la crisis. En definitiva, frente al objetivo de la reforma, el nuestro es plantear una ruptura con el actual estado de cosas para conquistar, desde la sociedad y desde las instituciones, el derecho a realizar un proceso constituyente abierto a la participación popular.
En ese proceso constituyente y el marco de la nueva Constitución, planteamos la construcción de un Estado federal y plurinacional sobre la voluntariedad de los pueblos de España. Hablamos de una forma de Estado que garantice y blinde los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras, a la vez que proteja los derechos nacionales y regionales, incluidos el derecho a la autodeterminación y que ensanche, a la vez, la participación ciudadana.
Es en este marco es en el que situamos la lucha por la República Federal de trabajadoras y trabajadores de todas las clases, ofreciendo una visión de conjunto y un proyecto estratégico de transformación común, capaz de realizar el conjunto de reivindicaciones populares. La necesidad de una profunda radicalidad democrática, el respeto a la realidad plurinacional que conforma España y la igualdad básica de todas las personas, configuran esa aspiración de una República federal solidaria de orientación socialista. Una República que sea el resultado de un nuevo y realmente democrático proceso constituyente, es decir el resultado del ejercicio de autodeterminación de la ciudadanía y los pueblos, compuestos ambos sujetos mayoritariamente por la clase trabajadora.
Un Estado federal. Consideramos que el federalismo hace posible una profundización de la democracia y de la participación ciudadana, el autogobierno local y regional, la cooperación y la solidaridad interterritorial, el respeto y la integración de diferentes identidades, la compatibilidad entre autodeterminación y pertenencia a una organización política común. Nuestra propuesta federalista edifica la organización política sobre la idea de pacto y negociación multilateral. El Estado federal permite que cada unidad federada preserve su identidad y comparta y se enriquezca con otros aspectos en el seno de la nueva comunidad. La Constitución Federal, debe recoger la participación de las unidades federadas en la conformación de la voluntad estatal. Esta participación, así como su autonomía legislativa, constituyen elementos esenciales del tipo de autonomía política presente en este tipo de organización territorial.
La reivindicación y defensa hoy del principio democrático de la libre determinación es necesaria especialmente en relación a los derechos democráticos y sociales, por cuanto son éstos los que están siendo liquidados por el capitalismo global. Es esencial que la ciudadanía y la mayoría social trabajadora en el conjunto del Estado, desde una perspectiva social y de clase, ejerza el derecho a decidir en defensa de sus derechos políticos, sociales y laborales.
Defendemos un modelo de Estado que permita acomodar el pluralismo de identidades, capaz de tener un discurso común donde se reconozca la diversidad; un Estado plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones sino también porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad. Sólo un Estado que admita que en su seno pueden convivir varios sentimientos de identidad nacional, puede dar satisfacción a ciudadanos que plantean de diversa forma la nación. Sólo un Estado que profundice en la democracia a través del autogobierno territorial en todos los niveles es capaz de manejar con soltura los inevitables conflictos de identidad y convivencia y de resolverlos a través del diálogo y el consenso.
Sobre todo ello enmarcamos nuestra estrategia política.
En definitiva, un nuevo marco constitucional que garantice los derechos de la clase trabajadora y de las clases populares y que tenga como modelo de Estado la Republica Federal Democrática – en el sentido que la población tenga las necesidades básicas cubiertas- solidaria, plurinacional, pluricultural, multilingüística- todo ello desde la prioridad de la perspectiva de clase.
Desde nuestro reconocimiento al derecho de autodeterminación, tal y como lo hemos expresado, el PSUC viu y el PCE hemos planteado que éste no es el referéndum que hoy necesita Cataluña pues divide y enfrenta a la clase trabajadora, no tiene una hoja de ruta clara posterior al 1-O, no prioriza los aspectos de clase, no se contemplan otras opciones como la federal, ni el suficiente consenso social. Este proceso no tiene, para nosotros, las suficientes garantías democráticas, de participación, no nos referimos a las jurídicas del marco constitucional del 78, sino a las de un proceso participativo desde abajo.
Apostamos por la resolución política del conflicto, el diálogo y la negociación. Por tanto condenamos la actitud intransigente y represiva del gobierno del PP, condenamos los ataques a los derechos y las libertades, de reunión, expresión, la persecución de cargos públicos y todas aquellas acciones que menoscaban derechos. Ésta es una espiral peligrosa en la línea que a Rajoy le gusta imponer “su legalidad” y las dos varas de medir a las que nos tienen acostumbrados para conservar un régimen que mantenga la acumulación capitalista y los privilegios en favor de una minoría. Es urgente ponerse manos a la obra para desalojar al PP y a Rajoy del gobierno.
Denunciamos que las amenazas, insultos y otras actitudes frentistas en nada favorecen el necesario clima para que el 2-O la izquierda sea cual sea su definición: republicana, independentista, libertaria, socialdemócrata, comunista, socialista, etc. podamos trabajar en pos de una nueva Constitución en la que quepan todas las aspiraciones de las clases populares y los territorios del Estado.
Estaremos frente a los ataques a la democracia y las libertades, estamos en la defensa de las inquietudes de la población de Cataluña y de los pueblos de España.
