(Texto publicado en Mundo Obrero) Diciembre de 2006.El Comité Federal del PCE aprobó en su última sesión, tomar como eje central de su actividad, la lucha por garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda y la lucha contra la corrupción urbanística, como elementos que centrarán las aportaciones del PCE a los programas municipales y autonómicos de Izquierda Unida de cara a las elecciones de 2007.
En palabras del Secretario General, Francisco Frutos: "La lucha contra la corrupción urbanística y por el derecho a una vivienda digna, son una misma cosa". Para el PCE, especulación urbanística, corrupción y negación del derecho de acceso a una vivienda digna, son consecuencia del modelo económico español, que fundamentado en la especulación del suelo, de la vivienda y los créditos, sustenta la lógica de acumulación del capital en España.
Las medidas propuestas por parte del PCE plantean una alternativa centrada en tres ideas centrales.
- Primero, la lucha contra la corrupción urbanística y por el derecho a una vivienda digna no son dos asuntos independientes, sino indisolublemente unidos;
- segundo, no nos encontramos ante un problema de moralidad de unos pocos cargos públicos, sino con una trama espectacular de intereses económicos;
- y por último, necesidad de una nueva Ley del Suelo que sienta las bases de una política de vivienda pública de la que España carece.
Siguiendo con la línea marcada en el Comité Federal, en este artículo, se aportan alternativas al debate programático dentro de IU, y en general, al debate social existente sobre estos temas, propuestas que asumen las forma de un decálogo de medidas para luchar contra la corrupción y por el derecho a una vivienda digna.
1.- Creación de un parque público de vivienda en alquiler de precio limitado, independiente y separado del mercado. Principio de gestión pública de la planificación urbanística.
2.- No destinar dinero público para la vivienda en propiedad. Las viviendas de protección oficial, el alquiler con opción a compra, y demás figuras, favorecen el negocio urbanístico y reproducen el problema, al favorecer la salida de más viviendas al mercado privado a medio o largo plazo, con niveles de especualción y fraudes de ley altos.
3.- Abolición de la Ley del Suelo de 1998, considerada como la de liberalización absoluta.
4.- El suelo público como herramienta esencial para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Obligatoriedad de todos los Ayuntamientos a constituir un patrimonio municipal del suelo y reintegrar a éste, los aprovechamientos obtenidos de operaciones urbanísticas de los entes locales, con el fin de destinarlo por entero a vivienda social pública. Realizar un seguimiento real y efectivo de la obligatoriedad de los Ayuntamientos de constituir Patrimonio Municipal de Suelo.
5.- Estudiar las alternativas propuestas por economistas y especialistas, como Manuel Villoria, Juan Francisco Martín Seco y otros dirigidas a suprimir la posibilidad de plusvalías en las recalificaciones para los propietarios privados, expropiar a precio de rústico y urbanización íntegramente pública, como ocurre en otros países europeos.
6.- Supresión de los "convenios urbanísticos" y de los agentes (privados) urbanizadores, que permiten a las Corporaciones negociar con empresarios la ordenación del territorio y el planeamiento que es de interés general.
7.- Creación de un impuesto que grave las viviendas vacías.
8.- Expropiación de las viviendas vacías de protección oficial, con las que se especula. Al ejecutar esta figura legal, se ofrecería la posibilidad de crear un parque de vivienda en alquiler pública.
9.- Demolición de las viviendas ilegales. Acabar con la impunidad y sensación de que las ilegalidades serán anmistiadas o prescritas.
10.- Una legislación urbanística basada en la planificación territorial y en el suelo como instrumento garantizador del derecho constitucional de derecho a la vivienda. Invertir la situación actual de desregulación hacia control de operaciones urbanísticas de los Ayuntamientos, favoreciendo mecanismos de participación y control ciudadano, principios que debe ser rectores de una propuesta de reforma de la Ley del Suelo, y en caso de ser necesario, de la propia Constitución.
Aqui puedes dejar tu propuesta o sugerencia.
Ricardo Rodríguez. Escritor y ex Concejal de Leganés por IU. Ginés Fernández.
Miembro de la Permanente Federal de Izquierda Unida. Fernando Urruticoechea. Interventor Municipal en Castro Urdiales.
